Si bien es cierto que, en este país, las personas en su mayoría acuden a la universidad para hacer realidad un proyecto de vida profesional, esto no nos exenta de estar íntimamente ligados a la vida social y democrática de México.
La libertad del ejercicio de una profesión y el consecuente éxito profesional está ligado al contexto de un país que goce de un marco de certidumbre legal y las condiciones necesarias, para que, quien así se esmere, desarrolle su máximo potencial disciplinar o empresarial.
Empero, este ambiente de certidumbre no puede dejarse a una entidad etérea que se adueñe de una nación. De hecho, el Estado posee un gobierno que nace de la elección ciudadana en un marco democrático en donde cada ciudadano mexicano es corresponsable de elegir a quien se encargará de los asuntos públicos, sin que esto se interprete como la apropiación patrimonial de lo que significa México.
Es por ello por lo que, cada universitario no puede, no debe, dejar de participar en política, ya sea como integrante de un partido, o como ciudadano atento al ejercicio del poder. La democracia es demasiado importante como para que se asuma que ésta puede surgir por sí misma a cargo de espontáneos guardianes que ofrecen sustituir la responsabilidad de cada mexicano.
Quienes hemos tenido la oportunidad de haber sido observadores electorales y funcionarios de casilla hemos sido testigos de que, hoy por hoy, la democracia está en manos de la ciudadanía con un organismo como el INE que ha logrado consolidar la confianza en el proceso electoral a pesar de aquellos que insisten en provocar fraudes.
Hoy contamos con 32 juntas ejecutivas locales y 300 juntas ejecutivas distritales en todo el país que hacen posible el funcionamiento de 900 módulos que entregan 16 millones de credenciales de elector cada año. Credencial de elector que hoy es el documento de identificación más confiable para uso en trámites públicos y privados.
La reforma electoral que se ha propuesto pretende acabar con todo esto sustituyéndolo por un organismo al servicio del gobierno en turno. Experiencia que ya vivimos y que fue superada en 1996 después de padecer elecciones de Estado. Además, se pretende promover la elección pública de consejeros cuando lo que se debería impulsar en todos los órdenes es la selección de los hombres y mujeres más capaces para el ejercicio del gobierno y no crear una falaz consideración de que cualquiera es capaz de asumir funciones públicas. Los ciudadanos estamos en el derecho de exigir un gobierno de los más competentes para superar la demagogia de elegir a los más populares, aunque incapaces.
No necesitamos una reforma electoral ni la desaparición del INE. Requerimos de mayor exigencia a la gestión del Estado mexicano. Los tres poderes de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) son igualmente poderosos, ninguno debe subordinarse al otro.
En una analogía en términos automovilísticos, podemos asumir que México requiere urgentemente recobrar su posición en la línea de salida hacia el progreso en este siglo XXI. Seguimos parados en los pits, desarmando un prometedor Fórmula 1 en medio de acusaciones sin sentido del piloto y el equipo de mecánicos, mientras los demás corredores se nos han adelantado por varias vueltas en la pista del progreso. Bajo esta premisa, los universitarios no podemos asumir el papel de observadores de gradas. Necesitamos tomar parte activa para que México sea un país de éxito y nadie, en justicia social, sea relegado en el fondo de la bodega de los trebejos.
Entérate de éste y otros temas publicados en nuestro número más reciente en: https://issuu.com/notiuic/docs/notiuic_octubre-noviembre_2022