Desde que se dieron a conocer los libros de texto gratuitos para este ciclo escolar 2023-2024 y con la publicación del nuevo plan de estudios en el diario oficial de la federación (DOF) se ha desatado una intensa polémica en medios de comunicación, ámbitos académicos y organizaciones de la sociedad civil, como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Frente Nacional por la Familia (FNF), Canacintra, Alianza de Maestros (ALMA), entre otras.
Ha habido toda clase de señalamientos y críticas, desde los que puntualmente señalan los errores gramaticales, de redacción y precisión o los que señalan los vacíos y las omisiones de ciertas áreas del conocimiento que son fundamentales para el desarrollo de los niños, hasta los que han hecho afirmaciones hiperbólicas y falaces evocando al fantasma del comunismo, que en la segunda mitad del siglo XX, durante el desarrollo de la Guerra Fría, al menos en la sociedad mexicana, provocó una tremebunda animadversión.
Pues bien, lo que me interesa es aclarar algunos aspectos que se han mencionado en la polémica; por supuesto, no al lector docto en materia educativa, ni a los especialistas en pedagogía y educación, pues para éstos es obvio y evidente, pero sí a estudiantes y gente que se interesa o trabaja en la educación, pero que, por la razón que sea, no ha entrado en las honduras –a veces ininteligibles– de los debates teóricos y filosóficos.
Mucho se ha mencionado ya desde hace tiempo sobre lo negativo de la politización de la educación y ahora la ideologización en los libros de texto gratuitos apelando a la supuesta neutralidad de los libros anteriores. En la educación, sea formal, no formal o informal, de cualquier nivel educativo y modalidad, al ser un proyecto de sociedad, intervienen distintas instituciones, desde la familia, la escuela, el Estado, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresas y organismos nacionales e internacionales.
Este conglomerado de actores va a debatir y consensuar el modelo educativo que atienda a los intereses y necesidades de la sociedad. Sin embargo, es inevitable que entren en juego los intereses particulares de cada grupo y, en el despliegue de fuerzas, van a ganar los que tengan mayor influencia y poder (ya sea institucional, económico, mediático, organizativo o persuasivo). En sentido llano, esto es lo que sucede en política. Todo proyecto, problemática, necesidad que se dé en el seno de la sociedad, que despierte el interés y genere la acción de distintos actores sociales tendrá una naturaleza política. Ahora bien, específicamente en la política formal, es decir, la del gobierno y sus instituciones, cada administración en turno establece un proyecto educativo o, para ser precisos, se formulan las políticas educativas en turno, lo cual corresponde a sus funciones y deberes para hacer cumplir el derecho de los individuos a la educación. Se concluye, entonces, que es indisoluble la relación de la educación con la política, ya sea en el amplio sentido, en donde intervienen diferentes actores, o sea el proyecto gubernamental que cada administración en turno tiene que cumplir por mandato constitucional.