El presupuesto público de México para 2024 ha suscitado gran controversia y debates en diversos sectores debido a significativos recortes en varios rubros y aumentos en otros. La información recabada de distintas fuentes revela una imagen compleja del estado financiero y las prioridades del país.
En primer lugar, el Proyecto de Dictamen del Presupuesto de Egresos para 2024 anticipa recortes considerables que afectarán a múltiples sectores. Se prevé una reducción en algunos órganos autónomos, aproximadamente 6 465 millones de pesos fueron reducidos al Poder Judicial y 5 003 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). Estas reducciones presupuestales pueden afectar, en el primer caso, el cumplimiento adecuado de las obligaciones de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial y, en el segundo, recordar que en 2024 serán las elecciones presidenciales, del Congreso y de nueve gubernaturas. Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) también enfrentarán disminuciones presupuestarias. Mientras tanto, entidades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no han experimentado recortes. En contraste, se propone un aumento significativo de 25 442 millones de pesos para Petróleos Mexicanos (Pemex) y un incremento en el área de infraestructura y educación pública.
Más allá de las afectaciones en la operación de los órganos autónomos, lo que se visualiza con lo anterior, es un “castigo” económico por parte del Ejecutivo para quienes no se han alineado y apoyado sus políticas públicas y un “premio” a quienes sí lo apoyan, sin importar que, a todas luces, sean organismos con resultados negativos como en el caso de Pemex.
Asimismo, existe preocupación sobre el impacto del presupuesto en la sostenibilidad fiscal y la orientación de las políticas económicas de México. El presupuesto presentado para 2024 muestra un panorama fiscal debilitado, con un déficit presupuestario considerable que presenta un deterioro en comparación con las estimaciones del año anterior. Se proyecta que la deuda pública aumentará y que el gasto social, como el régimen de pensiones universal, ejercerá más presión sobre las finanzas públicas. Algunos proyectos prioritarios, como el Tren Maya, han asegurado respaldo financiero, pero hay preocupaciones sobre la viabilidad y las expectativas de otros como la refinería y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Finalmente, la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados ha sido objeto de críticas, en especial por la falta de recursos para atender emergencias recientes como el huracán Otis y por los recortes a organismos autónomos y a estados y municipios. A pesar de las críticas, el partido Morena y sus aliados han avalado un presupuesto que incluye ampliaciones significativas a Pemex y reasignaciones al programa de becas Benito Juárez, además de comprometerse a asignar recursos para Guerrero ante las críticas de la oposición.
En resumen, el presupuesto público de 2024 en México ha sido un tema polémico, marcado por recortes significativos en sectores clave, preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y las políticas económicas, y debates políticos sobre las prioridades y asignaciones de recursos en un contexto de desafíos económicos y sociales significativos.
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